Algunos profesionales sanitarios, preocupados por las consecuencias que la aprobación del anteproyecto de ley sobre aborto, recientemente presentado por el gobierno, tendrá sobre la salud de las mujeres han elaborado el siguiente manifiesto, al que nos adherimos.
Si está de acuerdo con el texto, conteste a una de las dos direcciones de correo electrónico siguientes: p.martinez.ten@gmail.com o iserranof@sego.es, indicando su nombre y apellidos, DNI, ciudad, profesión y especialidad o cargo con el que desee figurar.
Una vez recogidas las firmas, se hará público el manifiesto y se enviarán al Presidente del Gobierno y a los ministros de Justicia y Sanidad.
El plazo fijado para la recogida de firmas concluirá el 9 de febrero de 2014.
MANIFIESTO
"Ningún cambio es conveniente cuando una norma
es acorde a la realidad social y sanitaria del país"
es acorde a la realidad social y sanitaria del país"
Ante el Anteproyecto de "Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada", especialistas en ginecología, genética, psiquiatría, salud pública, así como profesionales de otras especialidades médicas que desempeñamos nuestra labor en el ámbito público o en el sector privado, queremos hacer pública nuestra preocupación. Consideramos innecesaria la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo vigente desde 2010, ya que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país.
Hoy en día las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto y nada hace presuponer que dejarán de sopesar esa posibilidad. No observar por parte de los/as legisladores/as esta circunstancia es dar la espalda a la realidad. El actual sistema de plazos permite a las mujeres interrumpir la gestación hasta la semana 14, estableciendo límites y normas para proteger también los derechos del no nacido. Tanto es así que, gracias a esta disposición legal, se ha intensificado la tendencia hacia el aborto temprano y hoy el 90% de los abortos se realizan dentro del primer trimestre de gestación (un 68% en gestaciones inferiores a las 8 semanas), evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos. Abortos, estos últimos, que se incrementarán cuando se restrinja el acceso voluntario de la mujer a la interrupción.
Los países de nuestro entorno europeo no son ajenos a esta situación, adoptando la mayor parte de ellos legislaciones que permiten la libre decisión de la mujer durante un determinado periodo de gestación, entre las 10 y las 24 semanas. Otros, como Inglaterra, admiten indicaciones amplias que en la práctica implica el respeto hacia la libre decisión de las mujeres. Tan solo Polonia e Irlanda, con legislaciones muy limitadas, obvian la voluntariedad de la mujer en el aborto. Así como Malta donde el aborto provocado está prohibido.
En lo que refiere al supuesto por malformaciones fetales, la legislación vigente contempla la interrupción hasta la semana 22, o incluso más adelante cuando se detecten en el feto anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico, en concordancia con todas las legislaciones europeas. Las mujeres afectadas (un 3% del total) toman una decisión informada, contando con el debido asesoramiento médico. La eliminación de este supuesto contradice nuestra ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población. Restringir el aborto por patología fetal solo servirá para agudizar el dolor de estas 3000 mujeres que deseaban su embarazo. Basar esa restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un argumento incorrecto, ya que en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes del nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio.
A día de hoy, el aborto provocado es una práctica sanitaria normalizada que se realiza con total privacidad, intimidad y garantía sanitaria. Su reconocimiento por el Sistema Nacional de Salud garantiza su gratuidad y equidad en todo el territorio. Restringir o dificultar el acceso no significa que las mujeres vayan a dejar de recurrir a este recurso, solo estigmatiza su práctica, poniendo en peligro la seguridad e incluso la vida de las mujeres.
Por otro lado, la ley actual ha supuesto un importante avance en relación a la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales. Así en sus más de tres años de vigencia ninguna mujer ni profesional sanitario ha sido denunciado, encausado o condenado. Creemos que las extremas limitaciones para la práctica del aborto previstas en el anteproyecto ponen en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales que realizan los informes preceptivos, los psiquiatras y también de los que realizan efectivamente el aborto.
El único instrumento válido para evitar los embarazos no deseados es el acceso real a los métodos anticonceptivos. La única herramienta de probada eficacia para reducir las gestaciones imprevistas es la educación sexual. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE que ahora se quiere derogar es eminentemente preventiva. Dicha norma, complementada con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, promueve diversas acciones para mejorar la educación y el acceso a los anticonceptivos, así como, la creación de recursos de atención a la salud sexual y reproductiva allí donde son insuficientes, lo que también va a quedar en suspenso.
Más de 5 millones de mujeres en el mundo sufren complicaciones médicas derivadas de un aborto inseguro y 47.000 mueren en uno de los más de 22 millones de abortos clandestinos que se realizan cada año, según la OMS.
Esa y no otra es la realidad. Frente a ella, 68 países, un 25% del total, reaccionan legislando restrictivamente o prohibiendo el aborto. Por el contrario, 73 países, el 61% de la población, han optado por normas que no establecen restricciones en cuanto a la razón para abortar o admiten razones socio-económicas amplias. El resto, 14%, permiten el aborto por causas médicas.
La sociedad española debe decidir si se posiciona a favor de la realidad sanitaria, jurídica y social de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, o si quieren emular a aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Los profesionales que firmamos este comunicado solicitamos al gobierno de España que no apruebe el citado Anteproyecto de ley.
Dr. Juan Betancor Jiménez
y
Centro Clínico Betanzos 60
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5 comentarios :
En Madrid a 22 de enero 2014
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), conjuntamente con la Sociedad Española
de Medicina Perinatal (SEMEPE), la Sección de Ecografía de la propia SEGO (SESEGO) y la Comisión de
Bioética de las referidas sociedades.
Consideran que ante las diferentes y no coincidentes opiniones que se están produciendo en la opinión
pública, sobre el anteproyecto de Ley que trata de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, deben
manifestar su posición.
1. Las referidas sociedades tienen su ámbito de actuación en el campo de la Salud Sexual y Reproductiva de
la Mujer, por consiguiente sus opiniones y posicionamientos están referidos a todas aquellas aportaciones
que puedan mejorar la asistencia médica de la mujer española, gestante y no gestante, en los temas
relacionados con nuestra especialidad.
2. La SEGO, así como los miembros constituyentes de su Junta Directiva, manifiestan que no han sido
convocados, ni consultados durante el proceso de redacción del anteproyecto de la “Ley orgánica para
la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada” para conocer nuestra
opinión, en un tema que consideramos podemos aportar no sólo nuestros conocimientos científicos, sino
también nuestra experiencia profesional en esta realidad social que representa la interrupción voluntaria
del embarazo. En este sentido el Prof. J.M. Lailla, como Presidente de la SEGO, se ha dirigido al Sr.
Ministro de Justicia y a la Sra. Ministra de Sanidad ofreciendo la colaboración de estas sociedades para
cooperar y asesorar en la elaboración del contenido del anteproyecto.
3. Ante los distintos comentarios que se están vertiendo a la opinión pública sobre las modificaciones que
deberían hacerse de forma inmediata, en el control del embarazo queremos aclarar: que las diferentes
sociedades firmantes de este manifiesto no tienen previsto modificar los protocolos existentes en
términos asistenciales, ni las guías practicas de actuación, ni tampoco los documentos de consenso que
en estos momentos están vigentes ya que todos ellos han sido elaborados, consensuados y aceptados y
además forman parte de los programas de control de la gestación y cribado de los defectos congénitos;
demostrando su eficacia y permitiendo entre otros el diagnóstico/tratamiento precoz de diferentes
defectos y anomalías fetales.
4. Consideramos que leyes, como la de la interrupción voluntaria del embarazo, deben someterse a un
debate riguroso buscando los puntos de coincidencia entre las distintas opciones, para poder redactar una
ley que resuelva de forma efectiva los problemas que demanden la sociedad civil y las leyes; y que se
debata con el máximo respeto exigido a todas las ideologías correctamente planteadas, cuidando los
principios éticos, deontológicos y científicos que obligan a todo el personal sanitario. Al mismo tiempo
estamos de acuerdo a partir de estas premisas en apoyar como ciudadanos y como representantes de los
profesionales sanitarios relacionados con la atención médica de la salud reproductiva de la mujer, la
redacción de una ley que sea estable en el tiempo y no esté sujeta a los cambios que cada opción política
gobernante pueda promover.
5. Las sociedades firmantes de este manifiesto no se hacen responsables de las opiniones que a título
individual puedan realizar los socios de las mismas, todas ellas respetables pero pueden no representan la
opinión mayoritaria de las sociedades en su conjunto.
6. Consideramos que los esfuerzos realizados para el fomento de la educación en materia de sexualidad y
anticoncepción, son instrumentos eficaces en la prevención de embarazos no deseados.
7. La SEGO seguirá al servicio de la formación de sus asociados y de la sociedad en general, en cualquier
materia relacionada científicamente con la salud de las mujeres y sus futuros hijos.
Sociedad Española De Ginecologia
SEGO, Madrid Enero 2014
Desde ASEBIR consideramos que la vigente "Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo" cumple con las necesidades actuales de la sociedad y no existe una necesidad apremiante de cambiarla. Una ley más restrictiva no reducirá el número de abortos. Para ello se requiere una política que apoye la formación en materia de salud sexual y reproductiva y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos eficaces y seguros.
Por todo ello y haciendo valer una vez más el valor que nos confiere la Federación de Asociaciones para el Estudio de la Reproducción que en su momento firmamos, ASEBIR- Sociedad para el Estudio de la Biología de la Reproducción manifiesta su adhesión al manifiesto que desde la SEC- Sociedad Española de Contracepción se ha preparado en oposición al anteproyecto de la nueva ley del aborto "MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL ABORTO". Leer documento
Junta Directiva ASEBIR
Desde ASEBIR consideramos que la vigente "Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo" cumple con las necesidades actuales de la sociedad y no existe una necesidad apremiante de cambiarla. Una ley más restrictiva no reducirá el número de abortos. Para ello se requiere una política que apoye la formación en materia de salud sexual y reproductiva y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos eficaces y seguros.
Por todo ello y haciendo valer una vez más el valor que nos confiere la Federación de Asociaciones para el Estudio de la Reproducción que en su momento firmamos, ASEBIR- Sociedad para el Estudio de la Biología de la Reproducción manifiesta su adhesión al manifiesto que desde la SEC- Sociedad Española de Contracepción se ha preparado en oposición al anteproyecto de la nueva ley del aborto "MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL ABORTO". Leer documento
Junta Directiva ASEBIR
MANIFIESTO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA
LEY DEL ABORTO
Ante la aprobación, en el Consejo de Ministros del 20/12/2013, del anteproyecto para la nueva ley del aborto que
conllevará la derogación la actual “Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo (IVE)” en
vigor desde 2010, las Sociedades Científicas abajo firmantes consideramos que:
1. Es pertinente recordar que la mayoría de las resoluciones internacionales sobre derechos sexuales y
recomendaciones sobre salud sexual y reproductiva insisten en la necesidad de garantizar la decisión de las
parejas, libre y responsable, sobre el número de hijos, el momento de tenerlos y a disponer de la información y
de los medios para ello1
. De manera particular el derecho de todas las personas (también las mujeres) al
respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo. En este contexto, la elección última de
recurrir o no al aborto debería corresponder a la mujer2
, que debe disponer de los medios para ejercerlo de
manera efectiva, segura (eliminando los abortos peligrosos)
3y sin ningún tipo de coacción. La prohibición del
aborto no contribuye a disminuir su tasa. Existe poca relación entre la legalidad del aborto y su incidencia, y
hay una fuerte asociación entre legalidad del aborto y seguridad del mismo4
. Finalmente el coste de realizar un
aborto seguro es diez veces menor que el coste de tratar las consecuencias de un aborto inseguro5
.
2. La actual no es solo una “ley del aborto”. Destaca por su carácter preventivo, proponiendo diversas acciones
para mejorar la formación y la educación en salud sexual y reproductiva. No obstante presenta numerosos
aspectos positivos en la regulación del aborto:
1. Dota de seguridad jurídica a las mujeres y a los/as profesionales sanitarios.
2. Otorga a las mujeres el protagonismo sobre una decisión que afecta a su integridad física, psíquica,
sexual y reproductiva.
3. Ha permitido la realización del aborto en condiciones de justicia, equidad y seguridad para la salud y la
vida de las mujeres.
4. Es respetuosa y protectora con el feto viable.
5. No ha supuesto incremento en la tasa de abortos, como confirman los últimos datos publicados
6. Sitúa a nuestro país en el contexto de la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno.
7. Es respetuosa con la mayoría de las resoluciones internacionales sobre salud sexual y reproductiva.
8. Finalmente, pero no menos importante, se ha desarrollado dentro de la normalidad y aceptación
sociales.
Sociedad Española de Contracepción ● C/ Diego de León 47, 28006, Madrid ● Tel. 902 199 854 ● sec@sec.es
La ley Gallardón, su anteproyecto, permite el aborto en dos supuestos: violación en las doce primeras semanas
y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer hasta la semana 22, lo que supondrá:
1. El aborto será un delito, dejando de ser un recurso (el último) que permita a las mujeres decidir sobre
su maternidad ante un embarazo no deseado.
2. La ilegalización de más del 90% de los abortos que se han realizado en los últimos años.
3. Pondrá en riesgo la salud, física, psíquica y sexual, y la vida de miles de mujeres que ante una ley
prohibitiva seguirán abortando en condiciones de clandestinidad y de inseguridad.
4. Originará enormes sufrimientos a madres, padres y a los/as hijos/as que esperan, cuando se obliga a
continuar con embarazos que presentan anomalías o malformaciones fetales graves (unos 3000
casos/año). No considera patologías muy graves y de diagnóstico tardío (después de la semana 22).
Son situaciones especialmente complejas y crueles al tratarse, en general, de embarazos muy
deseados.
5. Hacer caso omiso a las resoluciones internacionales sobre salud sexual y reproductiva en las que se
reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y se recoge la necesidad de facilitar
el acceso al aborto seguro.
6. Supone un atentado a la dignidad, intimidad y libre elección de las mujeres al tutelar las decisiones
sobre su salud, colaborando a estructurar la violencia contra las mujeres.
7. Nos aleja de la mayoría de los países de nuestro entorno, siendo una de las leyes más restrictivas de
la Comunidad Europea.
8. Ocasionará un mayor gasto sanitario por el tratamiento de las consecuencias del aborto inseguro.
Y, en consecuencia, manifestamos que:
1. La actual Ley de salud sexual y reproductiva e IVE responde de manera adecuada a la realidad y necesidades
de nuestro país, está socialmente aceptada, garantiza la decisión de las mujeres sobre su maternidad, y
permite el acceso al aborto en condiciones de libertad, equidad y seguridad.
2. La disminución de la tasa de abortos en nuestro país no se conseguirá con leyes restrictivas sino mediante el
desarrollo de la educación sexual y facilitando el acceso a la anticoncepción segura y eficaz como contempla la
actual normativa
3. Es innecesaria la modificación de la legislación actual por lo que exigimos se retire el anteproyecto de ley por
inadecuado, injusto y peligroso para la salud y la vida de las mujeres.
1. ONU. Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y Plataforma de Acción de Beijing (Beijín,
1995).
2. Resolución 1607 (2008) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
3. Estrategia de salud reproductiva de la OMS (2004),
4. Informe sobre salud sexual y reproductiva. Parlamento Europeo. Septiembre de 2013.
5. La salud sexual y reproductiva: hechos y cifras sobre el aborto en la región europea. OMS, 2012.
6. Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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